Qué desafortunada la crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxime porque estalla en plena etapa de resolución de las impugnaciones a los resultados de las elecciones concurrentes del seis de junio pasado.
Ya se veía venir el estallamiento de la crisis, pues eran muy evidentes las diferencias entre magistrados y magistradas del Pleno, y no solamente en cuanto criterios en ejercicio de su función jurisdiccional, sino hasta de carácter personal y de intereses diversos.
Claramente se veían actuando dos grupos: Uno integrado por el ahora depuesto magistrado presidente José Luis Vargas Valdez y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quienes siempre han votado en el mismo sentido con alguna rarísima excepción; y el otro grupo conformado por la magistrada Otálora Jenine Malassis y los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzáles y Felipe Fuentes de la Barrera, sumado a ellos últimamente.
Bastaba ver las sesiones sobre asuntos políticamente neurálgicos para deducir el grupismo en los encontronazos entre las y los magistrados del Pleno. Quien sabe hasta dónde influía en ello la presión de los padrinazgos políticos o de alguno de los Poderes de la Unión.
Pero ahí está, por ejemplo, la sesión de diciembre pasado cuando la Sala Superior resolvió la impugnación al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los lineamientos de paridad en gubernaturas. Fue tal el choque que al final de la sesión no había claridad en lo aprobado y fue necesario realizar un engrose con la participación de la mayoría de los magistrados; incluso, el órgano jurisdiccional emitió sendos comunicados para dar claridad.
Probablemente las diferencias se ahondaron cuando sale a flote que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera utilizó el taller mecánico del Tribunal para arreglar automóviles clásicos de colección; y luego cuando la Unidad de Inteligencia Financiera revive el caso del magistrado José Luis Vargas Valdez por presunto enriquecimiento ilícito.
Como quiera que haya sido, Vargas Valdez debió hacerse a un lado de la presidencia de la Sala Superior –quizá mediante una licencia— desde el momento mismo de las acusaciones de la UIF hasta el esclarecimiento de las mismas, no por la existencia de conflicto de interés, sino por estar de por medio el prestigio del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Pues si su presidente está acusado de probables conductas ilícitas, demeritan la credibilidad del Tribunal, aunque tales conductas nada tengan que ver con la función jurisdiccional.
Es de suponerse que antes de la reciente sesión del Pleno de la Sala Superior en la cual una mayoría de cinco de sus integrantes destituyeron a Vargas Valdez como su presidente, nombrando en su lugar a Reyes Rodríguez, la y los magistrados inconformes hablaron con el hoy depuesto.
¿O en verdad en la sesión fue sorpresiva la petición del magistrado Felipe de la Mata de revisar las funciones del presidente de dicha Sala? Propuesta que fue avalada por la magistrada Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.
Si no por iniciativa propia, cuando sintió la presión de sus pares, debió renunciar antes de que la evidente crisis en el Tribunal estallara en plena sesión.
Tal como lo hizo la magistrada Malassis en enero de 2019 cuando, sin hacer escándalo, renunció a la presidencia de la Sala Superior tras la crisis generada en el órgano jurisdiccional en el contexto de la resolución de la elección de la gubernatura de Puebla.
Entonces, en su cuenta de ella dijo: “…asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición en el tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Electoral”.
Pues en forma similar debió proceder Vargas Valdez, quien desconoció su destitución al considerar que sus colegas actuaron de manera ilegal, y anunció que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta se pronuncie sobre la legalidad de su remoción.
Sin embargo, manifestó estar abierto al diálogo.
Pues más vale que en conjunto las magistradas y los magistrados resuelvan el conflicto para por terminar con la crisis interna. Y si la presidencia en manos de Vargas Valdez es el motivo del lío éste también debe entenderlo.
Si no lo resuelven, ponen en riesgo la existencia de la actual integración de la Sala Superior, su propio prestigio como juristas y, lo más grave, la resolución de las impugnaciones sobre los resultados de las elecciones de junio pasado y las recaídas a los procedimientos especiales sancionadores.
Por cierto, aprovechando las diferencias entre magistradas y magistrados de dicha Sala, ¿habrá influencia de actores políticos en el conflicto del órgano jurisdiccional y tiene que ver con las elecciones?
¿Habrá mano negra para un divide y vencerás?
LA ELECCIÓN
En octubre de 2016, el Senado de la República eligió a siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por periodos escalonados:
José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales por un periodo de tres años (hasta el 31 de octubre de 2019); Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, por seis años (hasta 31 de octubre de 2022); y Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis, por nueve años (hasta 31 de octubre de 2025).
Pero posteriormente, el Senado amplió el mandato de cuatro magistrados:
José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, para una duración en el encargo hasta el 31 de octubre de 2023.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, hasta el 31 de octubre de 2024.
Correo: [email protected]
