México tiene un sistema de justicia corrupto.
Ministros, magistrados, jueces, secretarios y hasta los más modestos archivistas se han visto involucrados en actos criminales.
El Consejo de la Judicatura Federal en su informe de 2019 dio a conocer el castigo a 148 jueces y magistrados de circuito que venían cometiendo delitos desde años atrás.
El Poder Judicial ha sido penetrado por la delincuencia organizada. No hace mucho un ministro de la Suprema Corte fue depuesto de su cargo por delitos de “lavado de dinero”. No es un asunto de poca importancia. En el poder judicial la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual es cosa de todos los días.
Pero hay quienes se asumen intocables. Uno de ellos es el magistrado Jesús Jiménez Martínez quien durante su gestión como presidente del Poder Judicial del estado de Tlaxcala fue sorprendido en la confabulación de un acto de corrupción por más de 10 millones de pesos de devolución de impuestos por el Sistema de Administración Tributaria.
Se trata de un verdadero acto de rapiña en contra de la Secretaría de Hacienda. Un caso que amerita la abierta y directa intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para deslindar responsabilidades.
Cuando los periodistas Edgardo Cabrera Morales y José Luis Ahuactzin Ávila dieron a conocer un video donde aparece el magistrado Jesús Jiménez Martínez confabulándose con otros servidores públicos para apropiarse indebidamente de los recursos del SAT, comenzaron a destapar la cloaca del Poder Judicial de Tlaxcala en la que están coludidos funcionarios del Congreso Local y de la propia Comisión de Derechos Humanos.
Se trata de un caso de delincuencia organizada orquestada desde el poder. En el escándalo se han mezclado los intereses del aparato de justicia que opera como una verdadera mafia.
Los periodistas Cabrera Morales y Ahuactzin Ávila –quienes pertenecen al Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala– están decididos a llevar hasta sus últimas consecuencias el caso de la corrupción del poder judicial de Tlaxcala que hoy tiene al magistrado Jiménez Martínez al borde de un juicio político.
Los periodistas mencionados han enfrentado numerosos obstáculos y amenazas de parte del expresidente del poder judicial quien les declaró una guerra de demandas para tratar de desgastarlos con el propósito de que cejen en su pretensión por enjuiciarlo.
Las pruebas contra el magistrado son irrefutables y los diputados del Congreso tienen en sus manos la responsabilidad de someter a juicio político a un alto funcionario del poder judicial que había jurado servir a la justicia pero que resultó un auténtico criminal.
Lo mismo había dicho el ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora cuando el periodista Salvador García Soto lo denunció con pruebas irrefutables que le costaron el cargo.
El magistrado Jiménez Martínez ha contado con la complicidad de funcionarios de otros poderes, uno de ellos fue su cuñado José Manuel Hernández Morales quien funge como secretario técnico de la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso Local, quien está obligado a excusarse de intervenir en el caso por el conflicto de interés.
A lo largo de la pandemia se han puesto pretextos inverosímiles para que el magistrado sea juzgado.
Las demandas de juicio político iniciaron con una petición de un grupo de juristas (Jerónimo Popocatl, Raciel Santacruz Meneses, Estela Sánchez García, Yessenia Carrillo Romero y Bernardo Fernández Sánchez).
La respuesta del magistrado Jiménez Martínez era de burla y se refocilaba fanfarroneando que es “intocable”, pues como presidente del Tribunal Superior de Justicia mantuvo bajo su control lo mismo a jueces que magistrados. Para su mala suerte el pleno del Congreso aprobó la creación de una Comisión Especial para estudiar las demandas de los juristas y de los periodistas que han dado una ardua batalla contra la impunidad.
En este caso ha salido a relucir el tráfico de influencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el Poder Judicial, de ahí la negativa de este organismo para intervenir en el caso del magistrado Jiménez Martínez aun cuando se cuenta con pruebas que atentan contra la libertad de expresión cometidas por dicho funcionario como las demandas penales en contra de los periodistas Cabrera Morales y Ahuactzin Ávila quienes han sido hostigados y amenazados, además de tratar de censurarlos solo por el simple hecho de haber divulgado el video donde el expresidente del Tribunal Superior de Justicia se amafiaba con otros funcionarios para birlar en su beneficio con la devolución de impuestos del SAT al TSJ del estado de Tlaxcala.
El magistrado Jiménez Martínez es parte de la mafia del poder judicial que tanto ha sido denunciada por el presidente Obrador.
Hace poco el Consejo de la Judicatura Federal sancionó al magistrado Jorge Arturo Romero Ocampo por estar implicado en una red de corrupción que servía a los intereses que se oponían a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
Ahora mismo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez fue exhibido por la prensa por sus excesos y abusos. Como es la contratación de automóviles de lujo de último modelo con blindajes especiales por decenas de millones de pesos.
El magistrado de Tlaxcala Jiménez Martínez es parte de ese enjambre de funcionarios corruptos del Poder Judicial que actúan con impunidad a todo lo largo y ancho del país.
Para nadie es un secreto, como lo han revelado en sus investigaciones los periodistas Cabrera Morales y Ahuactzin Ávila, sobre las redes de nepotismo y complicidad en la están involucrados jueces y magistrados que dan empleo a sus familiares (esposas o parejas, hijos, hermanos, padres, yernos, concuños, sobrinos, tíos y suegras y amantes).
Esto es lo que incomoda al magistrado Jiménez Martínez pillado en un evidente acto de corrupción que hoy lo mantiene de cara a un juicio político por las valientes investigaciones de los periodistas Cabrera Morales y Ahuactzin Ávila quienes –a riesgo de su seguridad– han dado una ejemplar lucha contra la impunidad.
