Organizar una elección no es fácil, ni barato. Y un proceso de revocación de mandato es prácticamente igual. Tan solo para la jornada correspondiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe mandar a elaborar material, documentación y papelería.
Por ejemplo: Papeletas (equivalente a las boletas), urnas, mamparas, crayones, formatos de actas y paquetes electorales, tinta indeleble, instructivos, etc. Además, necesita rentar mobiliario indispensable para las mesas directivas de casilla, y proveer a los funcionarios de las mismas de agua, del apoyo para alimentos y de lonas para cubrirse del sol.
También requiere de pagar el suelo a las personas que fungen como capacitadores asistentes electorales, y proveerlas de los materiales indispensables, previendo, incluso, el traslado de los paquetes electorales. Y luego vienen los cómputos, procedimiento para el cual igualmente se necesitan materiales y de contratación de servicios.
En fin, es gran un gastadero.
La democracia con todo y sus ejercicios de participación ciudadana directa, es bastante cara. Por eso, tiene razón el INE en haber solicitado el presupuesto correspondiente para la organización de dichos ejercicios, y de manera preventiva, pues si éstos no se llevan a cabo, el dinero lo reembolsan a la Tesorería de la Federación o, en su caso, ésta lo podría suministrar hasta llegado el momento.
Sin embargo, ha sido todo un pleito por el presupuesto para las tareas adicionales del INE, obligatorias como las consultas populares y la revocación de mandato.
Ah, pero ya lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar: “El presupuesto no puede ser excusa” para no cumplir con la función.
Habló por el Poder Judicial de la Federación, aunque sonó a indirecta al INE, que con ese mensaje merman sus esperanzas de encontrar consuelo en el órgano jurisdiccional, como lo anunció Lorenzo Córdova Vianello ante el recorte de más de 3 millones de pesos al Instituto.
Recurriría a la Corte para que ésta “establezca con todas las letras si este Instituto, por la escasez de recursos puede, jurídicamente y sin incurrir en responsabilidades, violar lo que el Congreso estableció en la Ley de Revocación de Mandato y, en consecuencia, hacer un ejercicio con menos casillas”.
Ups. Pinta en chino. Difícilmente puede irse en contra de la ley, además políticamente sería un pretexto más para que Morena le suelte al “tigre” al INE, al cual la Cuarta Transformación pareciera pretender asfixiar con el ánimo de arrinconarlo a cometer errores para justificar borrarlo en una próxima reforma electoral.
HABRÁ QUE ESPERAR
A ver qué dice la Suprema Corte, y si no, pues en el INE tendrán que apretarse más el cinturón para cumplir con sus funciones: De entrada con la revocación de mandato, que es donde se encuentra la polémica.
Por el momento habrá que esperar a que se cumpla el plazo del procedimiento previo consistente en la recolección de firmas para tener la certeza sobre la procedencia de la revocación de mandato; o sea, si el INE lo organiza o no.
Plazo que el Instituto amplió al 25 de diciembre de 2021, tras la resolución del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dándole la razón a Morena para realizar la recolección de firmas tanto en formatos impresos como digitales, sin áreas de excepción como lo había determinado el INE.
Medida que implica otro gastito.
Falta alrededor de un mes para terminar de recolectar las firmas, luego viene la verificación de las mismas para ver si se juntó el equivalente al 2% de la Lista Nominal de Electores: Poco más de 2.7 millones de ciudadanas y ciudadanos.
Y si no se junta, pues no hay proceso de revocación de mandato, y punto final a tanta polémica.
Pero qué no va ha haber. Con que se reúnan las firmas de los seguidores de Morena, más las correspondientes a las personas beneficiaras de programas sociales, serían de sobre suficientes. AMLO sigue fuerte a pesar de la merma electoral del Movimiento Regeneración Nacional en las elecciones federales pasadas.
Y si se juntan y no hay autorización para más presupuesto, ni modo el INE tendrá que ajustarse mucho más el cinturón: Prescindir de cualquier viaje al extranjero por parte de consejeros o consejeras electorales, reducirse bonos o aguinaldo, devolver a los OPL funciones que el Instituto ha atraído de manera innecesaria para que éstos se hagan cargo presupuestalmente de la tarea
Ah, y quitar las oficinas de los representantes de los partidos políticos en la sede del INE, lo cual también implica un gasto cuando ya los partidos tienen su financiamiento público.
En fin, quienes han pasado por las consejerías del INE tienen bastante culpa en que la “4-T” vea al Instituto como un aparato costosísimo y “rico” (por los fideicomisos ventilados hace unos días), con consejeros y funcionarios con altos sueldos, que quizá ahora se justifique con tantas tareas encomendadas.
No obstante, a ver cómo le quitan al INE la imagen de estructura costosa y rica.
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