Existe suficiente tiempo para construir mecanismos de acotamiento al proceso político electoral del 2024 que permitan evitar el error de 2021 y 2022: la penetración del crimen organizado en procesos electorales para beneficiar al partido que mejor les otorgue facilidades para sus actividades delictivas.
Pocos analistas llegaron a suponer que el crimen organizado tendría la meta de participar en política para beneficiar a candidatos y partidos afines, toda vez que su forma de operar daba la prioridad a las actividades delictiva y al copamiento de las estructuras gubernamentales.
El salto cualitativo del crimen organizado de la compra de funcionarios al financiamiento de candidatos debe ser una muy fuerte llamada de atención a las autoridades políticas y electorales, de tal manera que no se permita en ninguna circunstancia que las bandas delictivas tengan una especie de fusión orgánica que impida el funcionamiento de una democracia formal y se arribe, aunque sea en espacios parciales o fragmentarios, a una democracia al servicio de las organizaciones dedicadas a cualquier tipo de delitos.
La llamada de atención ha sido fijada con suficiente anticipación: las bandas delictivas solo pueden funcionar en zonas territoriales del Estado con el apoyo directo de funcionarios de las diversas oficinas gubernamentales. Ya no se trata solo de que los policías y estructuras judiciales sean corrompidas por delincuentes, sino que posiciones electas hayan sido ya copadas por los intereses de los grandes y pequeños cabos de la delincuencia.
La estrategia de construcción de la paz, que fue una propuesta muy audaz, para terminar con la violencia provocada por la persecución a sangre y fuego de capos y carteles, ha derivado en el abandono de zonas territoriales del Estado al dominio delictivo, sin que se cumplieran las condiciones de una paz colaborativa de la gobernanza criminal. La violencia por enfrentamientos entre bandas criminales para defender posiciones o buscar la expansión territorial de dominios delictivos se ha hecho con la inmovilidad operativa de las fuerzas de seguridad gubernamentales, a la espera del compromiso de los delincuentes de ya no pelear a balazos contra otras bandas.
Algunas bandas criminales dieron el paso audaz de apoyar campañas, partidos y candidatos a puestos de elección popular, pidiendo a cambio solo libertad de operación y la anulación de persecuciones gubernamentales. La violencia en zonas de Quintana Roo, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Colima, Zacatecas, Baja California y otras tienen elementos explicativos en la alianza perversa que se tejió en el proceso electoral del 2021 y que amenaza con extenderse a las principales elecciones de 2022, 2023 y 2024.
El modelo gubernamental de construcción de la paz se dio en el mismo escenario del fortalecimiento de la estructura organizativa y legal de las políticas y oficinas de seguridad, con el punto culminante que fue la creación de la Guardia Nacional como el cuerpo policiaco a nivel nacional. Sin embargo, decisiones gubernamentales han asentado representaciones de la Guardia en prácticamente todo el país, pero con instrucción de operar solo como fuerza disuasiva en un entorno de disputa violenta por el control territorial de zonas y flujos de droga.
Las instancias gubernamentales decisivas para la lucha contra la delincuencia, del presidente de la república a los presidentes municipales, necesitan de una legitimidad estricta que los aleje de cualquier tipo de compromiso formal e informal con las bandas del crimen organizado, toda vez que estas organizaciones delictivas no tiene ninguna misión de generar bienestar social, sino que ejercen el control territorial usando la violencia y la corrupción, dos elementos ajenos a las consideraciones democráticas.
Si no se blindan desde ahora los procesos electorales estatales, federal y el presidencial, el crimen organizado podría tomar el control político directo interviniendo en las elecciones para favorecer futuros funcionarios.
