Gane quien gane la gubernatura de Oaxaca, habrá entrega-recepción de la administración pública estatal tan pronto como quede firme la candidatura electa.
Probablemente las dependencias del Ejecutivo local ya ponen en orden todo lo relativo a su competencia para entregar al equipo que en su momento nombre quien suceda en la gubernatura a Alejandro Murat Hinojosa, quien si quiere dirigir el PRI nacional o ser cadidato a la Presidencia de la República primero deberá limpiar su imagen.
Apurénse.
Porque quien llegue a la gubernatura oaxaqueña seguramente querrá recibir buenas cuentas, máxime si no pertenece al PRI, actual partido gobernante; que es lo más seguro, pues a 12 días de la elección las encuestas reflejan una clara intención del voto hacia el candidato de Morena-PT-PVEM-PUP, Salomón Jara Cruz.
En este trecho tendrá mucha tarea la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a cargo de José Ángel Díaz Navarro, a quien, conociéndolo, no le temblará la mano para proceder en consecuencia en los casos que lo ameriten.
Incluso, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca precisa la siguiente facultad de la Secretaría de la Contraloría:
“Reglamentar y participar en el procedimiento de Entrega-Recepción de las oficinas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, en los términos de las disposiciones legales, aplicando en su caso, las responsabilidades en que incurran los funcionarios e imponer la sanción correspondiente”.
CASOS SONADOS Y CASOS RIESGOSOS
“Despojo”: Oaxaca se convirtió en nota nacional e internacional cuando las personas afectadas, denunciaron haber sido víctimas de la desaparición de su identidad y la pérdida de sus bienes inmuebles; operación que consideraron llevó a cabo un “Cartel del despojo”.
Operación en la cual se vieron involucradas al menos dos dependencias: Catastro y el Registro Civil, a cuyos titulares destituyó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
¿Pero basta la destitución?
Es en este caso, donde Alejandro Murat necesita limpiar su imagen.
Los nuevos funcionarios han sido víctimas de ataques mediáticos; a leguas se nota que muchos de éstos son por parte de los exfuncionarios, que se sienten descubiertos por la revisión que iniciaron quienes llegaron a sustituirlos en el cargo.
Han llegado al absurdo de acusar el nuevo titular de Catastro, Joaquín Velázquez Ceballos, de cobros indebidos dando “pelos y señales” de cédulas catastrales, cuando solo tiene dos meses en el cargo. Nadie más que el extitular y su equipo saben con precisión los datos de cédulas.
Listas de Raya: Ha trascendido la denuncia de personas que forman parte de brigadas para apagar incendios forestales, a quienes les pagan vía lista de raya un sueldo menor al que debieran recibir. Pero además, la supuesta existencia de varias brigadas, sin que existan.
Citybus: Éste es un proyecto que inició el anterior gobernador Gabino Cué. El gobierno de Alejandro Murat lo continúo, ¿pero sobre el proyecto anterior o sobre un proyecto nuevo? Es un tema riesgoso porque si no cerraron uno, el otro puede arrastrar vicios de origen. Algo similar ocurrió en Nuevo León.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, COJO Y TUERTO
El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca nació cojo y tuerto. Y esto, a decir verdad, no es culpa del Ejecutivo estatal, sino una responsabilidad compartida con las Legislaturas del Congreso Local, empezando por cómo viciaron la selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana compuesto de cinco miembros.
Ese Consejo es electo por una Comisión ex profeso constituida por ciudadanas y ciudadanos seleccionados por el Congreso Local, algunos de los cuales, en contubernio con algunos diputados de la Legislatura de ese momento, cobraron “cuotas” de cien mil y hasta quinientos mil pesos a personas para seleccionarlos como integrantes del Consejo.
Según la duración como parte del Consejo (es escalonada hasta por cinco años) así era la “cuota”. Eso sí, es incierto si todos los seleccionados pagaron.
Las personas integrantes de dicho Consejo no perciben un sueldo como tal, pero sí una contraprestación de servicios por honorarios (según establece la ley), la cual puede llegar a los cien mil pesos mensuales.
¿Qué tal? Quizá se justifica tal contraprestación, porque los consejeros no deben tener ingresos que comprometan su función. Pero ¿han funcionado?
Y miren, un integrante de dicho Consejo forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; Comité integrado además por los titulares del Oìrgano Superior de Fiscalizacioìn del Estado; de la Fiscaliìa Especializada en Combate a la Corrupcioìn, de la Secretariìa de la Contraloriìa y Transparencia Gubernamental; del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, del Instituto (Local) de Acceso a la Informacioìn Puìblica y Proteccioìn de Datos Personales, y de un representante del Consejo de la Judicatura.
Y hay una Secretaría Técnica, que preside José Bolaños, quien fuera precandidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca en el 2016, declinando luego a favor de Alejandro Murat.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción carece de los recursos materiales, técnicos y económicos para funcionar al cien por ciento; su titular, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, ha sido profesional y hace lo que puede con tantas limitaciones.
El Tribunal de Justicia Administrativa lo preside Manuel Velasco Alcántara, recientemente reelecto y persona cercana a José Murat.
Entonces, imagínense cómo viene funcionando el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca, máxime con un disfuncional Consejo de Participación Ciudadana, el cual, por cierto, no ha podido renovarse.
Pregunta: ¿Ese Consejo debería estar dando seguimiento al llamado caso “Cartel del Despojo”?
Correo: [email protected]
