Guillermo Buendía
Las consultas ciudadanas para enjuiciar a los cinco últimos presidentes y de revocación de mandato, las elecciones locales del año pasado y las del próximo 5 de junio tienen algo en común: los mensajes de odio han dominado la discusión pública. Los asuntos más importantes de la gestión de gobierno del presidente López Obrador -el manejo de la pandemia, la seguridad pública militarizada, las obras de infraestructura, las reformas constitucionales, la división de poderes y el rol de los órganos autónomos, la austeridad republicana, los mecanismos de proteccion y asesinato de periodistas, la publicidad de los medios, la inflacion, la politica salarial, entre otros- tambien son objetivos de las campañas sucias instrumentadas por los adversarios de la 4T. Los sucesos electorales y de la administración pública federal aparecen imbricados a modo en los mensajes dirigidos a las masas, cuya finalidad no solamente es descalificar, denostar, deslegitimar, sino difamar, insultar y acusar desprecio, demérito y odio.
Cuando los contenidos de los mensajes del proselitismo carecen de credibilidad para convencer a la sociedad de las opciones políticas que se le presentan en periodos electorales, y no influyen más en las intenciones de voto no obstante al insertarse en el contexto de acusaciones políticas cruzadas entre las élites gobernantes -involucramientos en actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, nexos criminales o asuntos estrictamente privados- los contenidos de los mensajes, en los últimos veinte años, se definieron en la espiral del discurso de odio. Las consecuencias de esta lucha acabaron por minar la legitimidad de la representación de los partidos en dos direcciones. La primera, dio paso a la crisis de vinculación con la sociedad en el contexto de la recomposición de las fuerzas políticas; la otra, la polarización de acciones políticas de los partidos para construir contrapesos generaron la percepción de que en la confrontación social es donde se resolverá quién ejerce el poder de manera legítima al contar con el respaldo de las mayorías de una sociedad dividida por el odio.
Sin duda, esta complejidad política se concreta paradójicamente en el ejercicio de la libertad de expresión que ha puesto a prueba la capacidad institucional de la democracia para resolver la confrontación permanente en los límites legales, aunque de manera aislada manifestaciones violentas irrumpen la normalidad democrática. La expresión extrema del discurso de odio es la violencia al promover intencionalmente el uso de palabras con contenidos degradantes y humillantes en contra de otros miembros de la sociedad, según las posturas políticas asumidas públicamente.
La lucha política de 1988 a 2018 cada vez menos soterrada, más pública, terminó por acotar el control presidencial como se conoció durante más de setenta años. Los métodos autoritarios en desuso con el avance democratico y el fortalecimiento de un sistema de partidos obligó a reformar las prácticas electorales y políticas, y una central, la comunicación política, la cual no debe encontrar en la libertad de expresión “una base ‘fundamentalista’ (que impida entender) qué es el ‘discurso agresivo’ y como mejorar las prácticas, las normas, las políticas públicas y las leyes en torno al discurso de odio”, anota Olivia Gall, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, cuyo ensayo “Libertad de expresión, discurso de odio racista y democracia” forma parte del libro El poder de la palabra: Discursos de odio -coedición de la CDHDF, Universidad Anáhuac México Sur, Museo Memoria y Tolerancia, 2017- del cual se apoya el articulista para caracterizar las elecciones de odio, fenómeno incrustado en los cimientos de toda democracia liberal: la elección como el mecanismo reconocido y aceptado que posee la sociedad para escoger a sus gobernantes.
Sin embargo, la confrontación permanente y exacerbada en tiempos electorales incide sobre la capacidad institucional para encontrar soluciones a los conflictos derivados de la polarización social, dentro del orden jurídico democrático.
Los audios filtrados durante los procesos electorales de seis estados tienen la pretensión de afectar las intenciones de voto. Los daños directos de estas conversaciones grabadas no solo afectan al dirigente del PRI, sino al resto de la coalición Va por México. Aquella frase de Claudio X. González de noviembre pasado, “no nos puede dar asco” si se trata de vence a MORENA, es una anécdota intrascendente en términos legales, no así la intervención del INE para investigar los hechos escuchados en las grabaciones, tales como las aportaciones privadas a las campañas de candidatos de Michoacán el año pasado, el rebase del tope de gastos, el pago en dólares por servicios de propaganda, la extorsión al proveedor de cachuchas, entre otros asuntos objeto de regulación normativa por parte de las autoridades electorales. Pero el lenguaje utilizado por Moreno Cardenas es relevante en cuanto al uso de palabras que denotan odio, desprecio. A “los periodistas no hay que matarlos a balazos, papi, sino matarlos de hambre” -el tono festivo y burlón descubre una actitud de desparpajo- tal mensaje permea el tejido social en momentos de una confrontación inducida con fines electorales, cuyas consecuencias permanecen más allá de los plazos de las jornadas comiciales.
Cuando los mensajes de odio se hacen cotidianos -comentarios racistas como los de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, conocidos también por un audio filtrado- y forman parte de la lucha política de los partidos, la democracia mexicana atraviesa por un pantano de riesgos institucionales muy peligroso para la estabilidad política. La legitimidad de la vinculación y representatividad de los partidos, legisladores y demás autoridades electas se encuentra sustentada por la fuerza del odio, y no por el convencimiento de defender el proyecto político de un gobierno o de algún partido. En los últimos días, la capital de Aguascalientes lució llena de lonas de pequeño formato con la leyenda: “En esta colonia odiamos a MORENA”, y las redes sociales difundieron “NO VOTES OTRA VEZ POR IDIOTAS AYÚDANOS”, frase portada por un grupo de doctores que hace alusión directa a la contratación de médicos cubanos -fotografía manipulada- se suman a la espiral xenofóbica e ideológica que encuentran sentido en la arenga del presidente del PRI, Alejandro Moreno, de calificar como “dictadura corrupta” al gobierno lopezobradorista.
Otro aspecto de esta espiral de odio se halla en que si la oposición ciudadana es capaz de aceptar la transición pacífica de poder en los casos de perder las elecciones la coalición Va por México, si respeta los resultados electorales desde el mismo momento de darse a conocer los primeros resultados preliminares del conteo rápido. Las noticias falsas y los recursos desinformativos para manipular las percepciones sobre las jornadas comiciales y los resultados del próximo domingo abren otro frente de confrontación post electoral: una sociedad polarizada por el odio.
