Alfonso Sánchez Anaya –exgobernador de Tlaxcala– tiene una capacidad innata: nació corrupto y morirá corrupto. Esa es su naturaleza desde su origen.
Si el arquitecto catalán Antoni Gaudí hubiera conocido a Sánchez Anaya con seguridad le habría construido un monumento versión 2.0 de la Sagrada Familia.
La esposa, hijos y parientes de Sánchez Anaya abrevan de la ubre del presupuesto federal con la complicidad del presidente Obrador. Como el “Tlacuache” Garizurieta, el exgobernador sigue a pie juntillas la máxima de los miembros de Morena: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.
El tlaxcalteca llamado por sus conocidos como el “multichambas” ahora despacha en la Secretaría de Gobernación donde él es el responsable de manejar los fondos públicos de esa institución. Antes hizo lo propio con Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública, donde ambos dejaron un cochinero.
Anaya manejó a Tlaxcala como un latifundio. Se hizo de la gubernatura con el apoyo de Obrador cuando éste presidía el PRD. Después coincidieron en la Conferencia de Gobernadores que se fundó en 2002 con la integración de mandatarios priistas y perredistas, a la que después de sumaron los panistas. Obrador era entonces jefe de gobierno de la ciudad de México y Anaya despachaba en Tlaxcala.
En esos años la relación comenzó entre ambos a partir un piñón. Obrador con la complicidad de Anaya hizo a su hermano Pedro Arturo dirigente del PRD en Tlaxcala y luego el hijo de Amlo, Gonzalo López Beltrán fue impuesto como coordinador de Morena en tierras tlaxcaltecas.
El obradorismo –para muchos de los expriistas reconvertidos en morenistas– vive la gloriosa etapa de la corrupción institucionalizada. Con Morena, “el que no tranza no avanza”. Esa es una de las enseñanzas de Sánchez Anaya a su pupila Lorena Cuéllar.
Anaya –padrino político de Cuéllar– es uno de sus promotores más fervientes. Lorena, quien sigue los pasos de su alter ego, hizo su “alcancía” con los pellizcos a los multimillonarios recursos que manejó como superdelegada del gobierno de la cuarta transformación. Sus “ahorros” –la manera amable como Lorena Cuéllar se refiere al dinero de sus corruptelas–, ahora son usados para su campaña, una parte de ese dinero se destina a financiar a calumniadores disfrazados de “periodistas” en pasquines y redes sociales.
Sánchez Anaya no es una blanca paloma como pretende hacer creer el presidente Obrador. Como gobernador de Tlaxcala muchos funcionarios y gente común sufrió malos ratos por el alcoholismo de Anaya quien se vio forzado a tomar terapias lo mismo que uno de sus hijos con problemas de alcoholismo y drogadicción.
Cuando recién inició el gobierno de Obrador, el Congreso de Estados Unidos hizo público el informe “México: Crimen organizado y organizaciones de tráfico de drogas”. El reporte fue elaborado por el Congressional Research Service. En ese documento se menciona a Sánchez Anaya por su presunta participación con grupos de la delincuencia organizada.
Excepto Sánchez Anaya –quien es protegido por el presidente Obrador– casi todos los gobernadores mencionados en ese informe han pisado la cárcel, muchos de ellos han sido procesados por diversos delitos. Entre ellos, Javier Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Roberto Sandoval (Nayarit), Andrés Granier Melo (Tabasco), Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Genovevo Figueroa Zamudio (los tres de Michoacán) y Rodrigo Medina (Nuevo León), entre otros.
Sánchez Anaya –quien pertenece a la gerontocracia de Morena– es uno de los ancianos que hablan como pocos al oído del presidente Obrador.
Hace tiempo cuando un reportero se atrevió a cuestionar al presidente por la designación de la esposa de Sánchez Anaya (María del Carmen Ramírez García), como funcionaria de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, sin tener el más mínimo conocimiento de esos asuntos, el tabasqueño de inmediato se defendió como si lo hubiera atacado una avispa.
Para Obrador no había ningún impedimento, aun cuando era obvio que se trataba de un acto de nepotismo, así que para él no hubo conflicto de interés ni influyentismo.
El presidente no iba a permitir que se tocara siquiera con el pétalo de una rosa a la “sagrada familia” de Tlaxcala.
En su el ocaso de su mandato Sánchez Anaya –quien tiene abierto un expediente por delitos sexuales, que en su momento abordaremos en este espacio– se quiso hacer el gracioso e imponer como su sucesora a su esposa María del Carmen. Por ese hecho la exprimera dama de Tlaxcala es conocida como “La Hilaria”, en alusión a Hillary Clinton, quien pretendió ser la presidenta de Estados Unidos.
Hace poco nos referimos en este espacio al tráfico de influencias de Sánchez Anaya para vacunarse contra el Covid con la complicidad de funcionarios de Tlaxcala en la que estuvo involucrada la candidata de Morena Lorena Cuéllar, para el exgobernador esos hechos fueron como “pelillos a la mar”.
Anaya quien despacha como titular de administración y finanzas de la Secretaría de Gobernación, acomodó como delegado federal de Gobernación a su hijo Alfonso Sánchez García. El junior ha hecho una fructífera carrera burocrática de la mano de su padre. Se ha desempeñado como funcionario del Instituto del Bienestar, del IMSS y de la Comisión Federal de Electricidad.
No podía faltar en la nómina del gobierno de la cuarta transformación María del Carmen Ramírez García quien cobra como “directora general para el diseño de políticas públicas y Estrategias”.
Anaya como muchos de los funcionarios del gobierno obradorista han asumido sus cargos como auténticos latifundistas, se asumen como propietarios del país. Tlaxcala, es un ejemplo, de la sagrada familia morenista de los Sánchez Anaya que pretenden la prolongación como sanguijuelas con las aspiraciones de Lorena Cuéllar quien se frota las manos como si el estado de Tlaxcala fuera un botón político.
