Inútil: que no produce provecho
o beneficio (The Free Dictionary)
En el tema de combate a la corrupción, la 4T nos ha quedado a deber. A pesar del discurso oficial insistente de reprobación en contra de funcionarios del pasado con señalamientos y censuras por múltiples actos de corrupción, poco o nada se ha actuado para formalizar las denuncias y someter a juicio a quiénes, la generalidad de las acusaciones, deja en la vaguedad e imprecisión sus faltas, responsabilidades o supuestos delitos, como si sólo se tratara de exhibirlos ante la opinión popular, y nada más. La conclusión es que, no hay proporción entre la magnitud de la corrupción de otras épocas, que tanto se denuncia, contra los pocos casos de funcionarios sujetos a proceso. Una decepción para quiénes votaron seducidos, en parte, por la promesa de que se atacaría la corrupción y se sancionarían a quiénes resultaran responsables.
El 15 de septiembre del año pasado el presidente de la República presentó a la Cámara de Senadores la petición de consulta “para prguntar al pueblo de México” si estaba de acuerdo en juzgar y, en su caso, sancionar, “la presunta comisión de delitos cometidos por parte de los ex presidentes, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones.” El Senado remitió de inmediato la consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver sobre la constitucionalidad de la misma.
Bajo un fuerte cuestionamiento de especialistas en materia constitucional, la Corte declaró procedente la consulta por seis votos a favor, contra el proyecto propuesto por el ministro ponente, Luis María Aguilar, que la declaraba inconstitucional. Una muy polémica resolución del Supremo Tribunal, que buscó quedar bien con el Poder Ejecutivo, con una aprobación forzada, que incluía un texto diferente, en el que se perdió la intencionalidad de la propuesta presidencial. Porque del propósito contenido en el texto original, no quedó ni una coma. La pregunta se rehízo, eliminando los nombres de los ex presidentes y dejando una redacción imprecisa e ininteligible.
El texto final, aprobado por la SCJN, quedó así “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
El nuevo texto, a nadie satisfizo. Con él, la Corte pretendió resolver políticamente, algo jurídicamente improcedente. El proyecto del ministro Aguilar que declaraba inconstitucional la consulta, era contundente. Calificaba la propuesta como “un concierto de inconstitucionalidades.” “El objeto de la consulta popular solicitada, decía el proyecto rechazado, es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano.”
Lo que podría resumirse como que la aplicación de la ley es una obligación de la autoridad, que no necesita de un mandato popular. Algo bastante claro y, en lo que, supongo, todos, o casi, coincidiríamos.
Por esto, llama la atención el empeño de la 4T por llevar hasta sus últimas consecuencias esta consulta popular, a menos de dos meses de elecciones intermedias, con alto riesgo de que la participación ciudadana no responda con mucho entusiasmo (se requiere un 40 por ciento de la lista nominal de ciudadanos emitiendo su opinión para que el resultado sea vinculatorio), y con un texto que muy pocos podrán desentrañar. Podríamos apostar a que la gran mayoría, si no es que todos, estamos de acuerdo en que se combata la corrupción y en que se castigue a quiénes resulten implicados, siempre y cuando se les juzgue conforme a derecho.
Cuál es la necesidad del esfuerzo de un ejército de 300 mil ciudadanos colaborando como funcionarios de casilla y de un gasto millonario, 500 millones de pesos es el cálculo, en tiempos en que el dinero escasea y habría que buscarle la mejor utilidad, para algo que resulta hasta obvio como es que los gobernantes asuman su responsabilidad y honren su juramento, cuando protestaron su cargo, de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen,” aplicando la ley a quiénes resulten responsables de la comisión de delitos. Como se leía en el texto de la resolución del ministro Luis María Aguilar.
¡Ah, pero la política! Los dirigentes de Morena han encontrado en esto un nuevo pretexto para atacar a su enemigo favorito, el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar y llevar a cabo la consulta. Lo acusan de obstaculizar, de estar en contra y de desacreditar la consulta. Han decidido iniciar ya la campaña de difusión del evento, violando lo que establece la Constitución (Art. 37, frac Vlll, inciso c, apdo 4, párrafo 2º) que establece que el INE “será la única instancia a cargo de la difusión”.
Los morenistas, optaron por olvidar el texto de la pregunta aprobado por la Corte, y hablan de que el pueblo tiene derecho a juzgar a los ex presidentes, aunque nada de esto se mencione en la consulta. La califican como un ejercicio histórico, “el primer ejercicio de democracia participativa que hay en nuestro país.” Lástima que este “histórico ejercicio” se pierda en una pregunta que tiene que ver con el respeto y la aplicación de la ley. Lo que debería darse por descontado.
Tendrán que echarle muchas ganas los promotores de esta consulta para juntar el mínimo de participantes para que el resultado sea vinculante. Si lo logran y la autoridad decide actuar, se entrará en un proceso judicial muy enredado con final incierto. Probar los delitos que se supone cometieron los expresidentes no será cosa fácil y, en todo caso, muchos habrán prescrito, pero, eso sí, habrá material distractor por un rato más. Si no logran el 40 por ciento de ciudadanos participantes, todo seguirá igual, pues la posibilidad de juzgarlos o no, seguirá dependiendo de la voluntad de la autoridad.
Así que, la consulta y la participación ciudadana, en este caso, salen sobrando.
