Al menos, y dentro de toda una serie de reacciones a botepronto realizadas ayer en diferentes centros del Poder de la República, eso se manejó fuertemente en una de las mesas de solución.
Dar un manotazo, correr a todos, y remodelar al Tribunal con acotaciones y nuevas reglas fue uno de los planteamientos que surgieron a partir de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador estaba dentro de ese carril de solución.
Desde su planteamiento en la mañanera de ir a una solución radical, sus asesores con Julio Scherer Jr, a la cabeza, iniciaron consultas y una especie de talleres de discusión donde se convocó a no descartar ninguna propuesta.
Mientras, por otras vías el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar convocaba y se reunía con los 7 ministros del Tribunal en crisis para ir buscando una salida negociada.
MONREAL LE ENTRA A LA NEGOCIACIÓN
Lo mismo hacía desde su oficina en Insurgentes y Reforma el zacatecano Ricardo Monreal en su papel de “amable conciliador”.
Con un doctorado en Derecho Constitucional, el zacatecano ve inconsistencias en la decisión de los 5 magistrados que depusieron José Luis Vargas y lo sustituyeron con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la presidencia del organismo.
Sin embargo aceptó que el Tribunal Electoral es una institución indispensable como órgano colegiado con una función esencial en la vida democrática del Estado mexicano.
“Por eso no podemos desoír, ignorar o minimizar lo que está pasando en ese órgano”, subrayó.
Subrayó sin embargo que “al dejar sin efectos el mandato constitucional de que el presidente del TEPJF ejerza el cargo durante cuatro años -como está establecido en la Constitución- es un acto que, de entrada, no puede justificarse.
“Deben considerarse además -entre otros puntos-, que ni la Constitución, ni la Ley reconocen alguna facultad a favor de las magistraturas del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente.
“El único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración”.
La Constitución, continuó, tampoco establece alguna facultad para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo.
Monreal consideró que el texto de la sesión en la que se realizó el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida, porque se convocó de manera irregular: la supuesta ausencia del presidente.
Y no se convocó con la anticipación razonablemente exigida, ni se transmitió por la vía idónea, sino que se hizo a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral.
“En suma, el Tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política, que sólo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia y en el Senado de la República”, indicó.
En este contexto y con tales consideraciones la participación del zacatecano llevaba el mensaje más que implícito de que sería justamente el Senado donde se podría activar una limpia total de esa institución.
Evidentemente, aclaró, nosotros como integrantes del Senado y como presidente de la Junta de Coordinación Política, estamos intentando actuar como amigables componedores, o como entes interlocutores de buena fe, para buscar la solución a este diferendo interno.
Con esos argumentos y con esa representación pues los magistrados en crisis deberán evaluar sus acciones, ¿no?
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